El impacto del aumento del control del Estado sobre la sociedad civil
Nicole Bolleyer es profesora de Política Comparativa en la Universidad de Exeter y, desde enero de 2021, será la catedrática de Ciencias Políticas Comparativas en la Universidad Ludwig-Maximilians de Múnich. Durante los últimos seis años, ha adoptado una visión sin precedentes sobre los orígenes de la legislación que impone restricciones a la sociedad civil. Su libro «The State and Civil Society» (El Estado y la Sociedad Civil), publicado en 2018, examinó por primera vez esta cuestión en una amplia gama de democracias antiguas. En la actualidad, está escribiendo otro libro en el que evalúa la diversa capacidad de las organizaciones civiles de cultivar la participación de sus miembros y de tomar parte en la representación de intereses. En resumen, los conocimientos técnicos y la investigación de Bolleyer pueden ayudar a la sociedad civil a afrontar su papel cambiante, así como aportar información para futuras opciones jurídicas. «La democracia está en crisis en toda Europa y un gran número de personas se está desvinculando de la política, por lo que la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil de conectar a los ciudadanos con las instituciones estatales nunca había tenido tanta importancia, al igual que la manera en la que el propio estado, al tomar ciertas decisiones jurídicas, altera esta capacidad de forma intencionada o sin intención», explica. Desde un punto de vista paneuropeo, se ha tendido a una creciente regulación estatal de la sociedad civil durante algún tiempo. Sin embargo, parece que esta tendencia se ha acelerado a lo largo de los últimos años. Las medidas para hacer frente a la amenaza del terrorismo han contribuido a lo que se ha denominado «el problema de la reducción del espacio de la sociedad civil», según el cual la sociedad civil tiene cada vez menos espacio para expresarse efectivamente y repercutir en la toma de decisiones, un fenómeno que la Unión Europea, el Consejo de Europa y varias ONG han señalado recientemente. La COVID-19 ha contribuido asimismo a esta preocupante tendencia. Bolleyer comenta: «Actualmente estoy estudiando las respuestas gubernamentales a la COVID-19 para comprender las diferencias entre países y bajo qué condiciones estas medidas podrían imponer restricciones a la sociedad civil y de qué forma. Si bien, en muchas democracias, las medidas que restringen temporalmente los derechos se consideraron necesarias para controlar la propagación de la enfermedad, podemos ver importantes diferencias. Unas veces, estas medidas debilitaron considerablemente los “controles y equilibrios” democráticos como el escrutinio parlamentario, mientras que otras veces no».
Comparación entre democracias antiguas
La comparación entre distintas democracias (diecinueve en total) constituyó el aspecto fundamental del proyecto de Bolleyer STATORG (State Encroachment on Civil Society? A Comparative Study of Parties, Interest Groups and Welfare-Providing Organizations in Contemporary Democracies), financiado por el Consejo Europeo de Investigación (CEI). El proyecto se centró especialmente en la reivindicación de que una mayor dependencia de la sociedad civil de la financiación y las regulaciones estatales repercute negativamente en sus actividades y funcionamiento interno. Examinó la legislación y evaluó las consecuencias de esta para los partidos, los grupos de interés y las entidades de interés público. En términos generales, el proyecto generó datos sobre más de tres mil doscientas organizaciones de la sociedad civil. Los resultados del proyecto se pueden dividir en dos: «En primer lugar, determinamos que, en función de las tradiciones jurídicas y de estado del bienestar de cada país, así como su historia democrática, generalmente los países tienden a adoptar una legislación más o menos restrictiva. Este hecho implica que distintas democracias son más o menos resilientes respecto a la erosión del espacio de la sociedad civil al afrontar circunstancias excepcionales que invitan a una legislación más restrictiva, como el terrorismo o la pandemia actual», añade Bolleyer. «A continuación, detectamos consecuencias muy diferentes de las distintas formas de relaciones entre el Estado y la sociedad. Por ejemplo, en organizaciones con una fuerte dependencia del personal remunerado, una condición a menudo facilitada y reforzada por los fondos estatales, los miembros tienden a ejercer menos influencia en las decisiones internas. En otras palabras, tienen menos democracia interna». En su nuevo libro, Bolleyer seguirá explorando este último hallazgo con el estudio de una serie de dimensiones de la potencial contribución democrática de la sociedad civil. «En lo esencial, el estudio muestra las consecuencias complejas de propiedades organizativas centrales como el nivel de profesionalización o la dependencia de los fondos estatales. Estudia en concreto la participación de los miembros en una organización y si la representación de los intereses políticos podría ser sensible a las necesidades y preocupaciones de la sociedad». El proyecto ya ha empezado también a influir en las opciones jurídicas. Bolleyer ha contribuido notablemente a examinar los proyectos legislativos de los países miembros de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), así como a revisar su Directrices sobre Regulación de Partidos Políticos. Estas últimas contienen buenas prácticas en materia de regulación para respaldar la elaboración de proyectos de legislaciones relacionadas con partidos políticos. Ahora que el proyecto STATORG ya ha finalizado, Bolleyer se centra en la reciente ola de restricciones gubernamentales como respuesta a la COVID-19.
Palabras clave
STATORG, control del Estado, sociedad civil, COVID-19, democracia