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Grandes logros de IDT — ¿El negocio de la guerra?

¿Fuerzas de mantenimiento de la paz o mercenarios? Las relaciones internacionales resultan cada vez más complejas y, de forma paralela, se difuminan la definición y la función de los contratistas de seguridad privada que se ocupan de controlar conflictos y crisis humanitarias. Por medio de una investigación europea se ha tratado de arrojar algo de luz en este «agujero negro» de los derechos humanos y el derecho humanitario.

Frente a las crisis humanitarias, conflictos armados, piratería y otras situaciones que plantean amenazas a la seguridad, diversas empresas, organismos internacionales, ONG e incluso gobiernos recurren a la ayuda de empresas militares y de seguridad privadas (EMSP). Esta práctica no sólo cuestiona el papel del estado como principal proveedor de defensa y seguridad; también plantea varias cuestiones espinosas. ¿Son las EMSP los mercenarios modernos? ¿Viola esta subcontratación los derechos humanos y el derecho humanitario? ¿Cómo se regulan las EMSP y sus servicios en el ámbito nacional, europeo e internacional? ¿Debería Europa asumir un papel de liderazgo para regular este sector? El proyecto respaldado por la Unión Europea PRIV-WAR se puso en marcha en 2008 con el cometido de esclarecer algunas de estas preguntas y formular una serie de recomendaciones para la elaboración de políticas en contextos internacionales complejos. Su equipo responsable, coordinado por el Instituto Universitario Europeo (EUI) de Italia, estudió los motivos de que los estados recurran a las EMSP, haciendo hincapié en definir una serie de normas de intervención y cadenas de responsabilidad, sobre todo en lo relativo a la subcontratación de estos servicios para operaciones de mantenimiento de la paz, así como la función cada vez más destacada de la UE en la seguridad y la defensa en el plano internacional. Según declaró el investigador principal de PRIV-WAR, Francesco Francioni: «Se trata de un fenómeno mundial, no de la simple contratación de unos mercenarios para un conflicto fronterizo determinado. Es una industria global que tiene un impacto cada vez mayor en la manera en que los estados gestionan la seguridad y la defensa». Los responsables del proyecto realizaron análisis jurídicos comparativos para esclarecer varias cuestiones, como la consideración jurídica de los empleados de las EMSP conforme al derecho humanitario internacional (DHI), la repercusión de las actividades militares privadas en los derechos humanos, y la responsabilidad internacional de las corporaciones implicadas. Uso recomendado Actualmente las EMSP son una especie de «agujero negro», en opinión del Sr. Francioni, puesto que las normativas nacionales son diversas o brillan por su ausencia. En Italia, por ejemplo, es ilícito prestar servicios militares y de seguridad (SMS) privados a otros estados. «Recientemente se llevó ante los tribunales a contratistas por su participación en la Guerra de Irak», informó. La situación es diferente en Francia y Reino Unido, donde existe un mercado boyante de SMS. «Esta es una de las razones por las que en nuestras recomendaciones pedimos un grado mínimo de armonización, para evitar distorsiones del mercado», aclaró. PRIV-WAR formuló trece recomendaciones que incluyen distintas medidas normativas posibles de la UE, incluida una directiva tendente a armonizar el mercado interior de los SMS o bien un instrumento legalmente no vinculante como una Recomendación del Consejo que ayude a los Estados miembros a regular por sí mismos los SMS, incluidos los servicios prestados a terceros estados. Dichas recomendaciones tuvieron una acogida positiva en Bruselas en un momento crucial durante el debate y la posterior adopción en el Parlamento Europeo de la Resolución 2010/2299 (INI) sobre la política común de seguridad y defensa. ¿Todo en regla? «La Unión Europea está cobrando protagonismo internacional en este ámbito, por ello toma fuerza la idea de aplicar el DHI con todo su peso a las EMSP, sin tener que demonizarlas ni tratarlas como si fueran organizaciones criminales», advirtió Francioni. «Conocemos nuestros límites, ya que los estados las necesitan para hacer frente, por ejemplo, a la piratería, pero se precisa un marco de principios que legitime esta forma de subcontratación y, de esta manera, se disipen las reservas sobre la legalidad de sus acciones.» Esta investigación ha generado más de veinte informes sobre la legislación nacional e internacional así como varias publicaciones, entre ellas el libro «War by contract», un estudio sobre los derechos humanos, el DHI y los contratistas privados (Oxford University Press, 2011). Posteriormente el equipo de PRIV-WAR ha publicado un libro de temática complementaria titulado «Multilevel regulation of military and security contractors» (Hart Publishing, 2012), profundiza en la interrelación entre las normativas nacionales, europeas e internacionales en el tema de las EMSP y en lo que la UE puede hacer para asegurar el respeto global por los derechos humanos y el derecho humanitario. Los investigadores de PRIV-WAR desean seguir exponiendo sus hallazgos independientes en foros internacionales e intergubernamentales y mantienen conversaciones en torno a un convenio mundial sobre las EMSP en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Ginebra. - Nombre del proyecto: «Regulating privatisation of war: the role of the EU in assuring the compliance with international humanitarian law and human rights» - Acrónimo del proyecto: PRIV-WAR - página web del proyecto PRIV-WAR - Número de referencia del proyecto: 217405 - Nombre/país del coordinador del proyecto: Instituto Universitario Europeo (Italia) - Coste total del proyecto: 1 439 749 euros - Aportación de la Comisión Europea: 1 138 682 euros - Inicio y finalización del proyecto: 1 de enero de 2008 a 30 de junio de 2011 - Países de los socios restantes: Alemania, Francia, Italia, Letonia, Países Bajos, Reino Unido