Investigadores y legisladores de la UE debaten los retos a los que se enfrenta Europa en materia de derechos humanos
Las tres mesas redondas, en las que participaron una serie de prestigiosos oradores procedentes del ámbito universitario, de las instituciones europeas y de organismos de comercio y ONG, tuvieron lugar en la Biblioteca Real de Bélgica el 6 de junio de 2016. Los tres asuntos que se trataron fueron los derechos humanos con respecto a los derechos económicos y sociales, la crisis migratoria actual y el terrorismo. Derechos sociales y económicos Durante la primera mesa redonda, que se centró en la cuestión general en torno a cómo afectan los derechos humanos a los derechos económicos y sociales de los ciudadanos de la Unión Europea en un sentido amplio, muchos de los oradores insistieron especialmente en el hecho de que las recientes crisis económicas que ha atravesado la UE desde la crisis financiera de 2008 han repercutido negativamente en los derechos humanos dentro de la UE. La profesora Karin Lukas, del Instituto Ludwig Boltzmann, sostuvo que uno de los principales problemas en relación con este asunto ha sido que los mecanismos de toma de decisiones en materia fiscal y las consideraciones referentes a los derechos humanos no están conectados a nivel político. En su opinión, esto es lo que ha ocurrido en Grecia y, a la hora de elaborar los diversos programas de austeridad dirigidos a este país, no se han redactado recomendaciones con respecto a la forma de garantizar los derechos económicos y sociales de los ciudadanos. Sugirió que una posible solución podría ser la realización de evaluaciones específicas sobre derechos humanos por parte de los gobiernos con el fin de identificar problemas concretos y poder recibir así las competencias adecuadas sobre el modo de abordarlos. El Sr. Jeroen Jutte, en representación de la Comisión Europea, respondió a las críticas vertidas hacia el Semestre Europeo, el ciclo anual de sesiones de coordinación y vigilancia de la política económica de la Unión Europea, aduciendo que el programa hace hincapié en la inversión social y que la clave está en hallar el equilibrio adecuado entre la estabilidad fiscal y la adecuada respuesta a las dificultades sociales. Además, retrató un panorama más amplio, alegando la importancia de tendencias económicas de mayor calado, como la creciente automatización de la industria y la incógnita sobre si será posible mantener los puestos de trabajo en los sectores manufactureros como resultado de dichas tendencias. El aspecto clave que se dedujo del debate de forma general fue que los derechos humanos se refieren esencialmente a las personas y que se deben poner en práctica medidas más concretas para asegurar el acceso a la justicia en lo que respecta a los derechos sociales y económicos de los ciudadanos. La crisis migratoria En el que posiblemente fue el más acalorado de los tres debates sobre políticas, el Dr. Thomas Gammeltoft-Hansen, director de investigación del Instituto Raoul Wallenberg de derechos humanos y legislación humanitaria, afirmó que algunos Estados miembros de la Unión Europea se han visto abrumados por la necesidad de tener que garantizar los derechos humanos de amplios grupos de refugiados dentro de sus fronteras y que otros están «haciendo lo que pueden para evitar asumir sus responsabilidades y mostrarse como territorios menos atractivos para los inmigrantes». El profesor Wolfgang Benedek, miembro del consorcio FRAME, destacó lo activo que había sido el proyecto en cuanto a la exploración de los derechos humanos en el contexto de la migración hacia la Unión Europea. Insistió en la necesidad de modificar el Reglamento de Dublín en relación con las solicitudes de asilo y expresó su preocupación sobre cómo funcionaría el sistema de Dublín si algunos Estados miembros rehusaran acoger la cuota de refugiados que les corresponde. Afirmó que los incentivos económicos podrían ser un buen punto de partida, pero que también debería existir un planteamiento más global que atendiese debidamente a la cuestión de los derechos humanos, un asunto que no resulta suficientemente claro o evidente dentro de las propuestas actuales de la Unión Europea sobre cómo reformar el sistema de Dublín. Otra parte del debate se centró en la dificultad para realizar investigaciones empíricas referidas a los derechos humanos y la migración debido a que la situación sobre el terreno suele ser muy cambiante. La Srta. Linda Ravo, en representación de la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea, explicó que, después de analizar las investigaciones realizadas sobre el terreno, uno de los aspectos más complejos es la recopilación de datos acerca de los niños inmigrantes, en especial de aquellos que no están al cuidado de un adulto. Afirmó que la Comisión está elaborando un enfoque global dirigido a la protección de los niños inmigrantes. Los derechos humanos y la amenaza del terrorismo En el tercer y último debate, la profesora Elina Pirjatanniemi, de la Universidad Abo Akedemi de Finlandia, hizo hincapié en la necesidad de mantener un discurso sobre la seguridad frente a las amenazas terroristas en el ámbito de la democracia. Se mostró convencida de que una de las posibles vías para conseguirlo es mediante uno de los factores que más protagonismo cobró durante el primer debate sobre derechos sociales y económicos, básicamente, la capacidad de contemplar los derechos humanos desde una perspectiva mucho más amplia y de proteger los derechos fundamentales como una forma de protección contra la amenaza del terrorismo. Por último, buena parte de este debate sobre políticas giró en torno a la importancia de la recopilación de datos como medio para atajar el terrorismo y si este método supone una amenaza para los derechos humanos de las personas. Joe McNamee, director de EDRi, una ONG que se dedica a la protección de los derechos digitales, alegó que el almacenamiento de datos a largo plazo no solo resulta inútil sino que también es ilegal, aunque con anterioridad se ha mostrado muy preocupado por las medidas legislativas que se han adoptado en este sentido en el seno de la Unión Europea. La Sra. Annemieke Dokter, en representación del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), se mostró de acuerdo con esta opinión y añadió que la recopilación de datos solo tiene sentido si es posible interpretar el significado de los mismos. En general, todos coincidieron en que existe una delgada línea entre garantizar los derechos humanos de los ciudadanos y ofrecer la seguridad que demandan las amenazas terroristas. El proyecto FRAME es un consorcio de investigación internacional que se centra en la contribución de las políticas internas y exteriores de la Unión Europea a la promoción de los derechos humanos en todo el mundo. El proyecto finalizará en abril de 2017 y está financiado con cerca de 6 500 000 euros procedentes de la UE. Para más información, consulte: Sitio web del proyecto
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